Guerra entre Calviño y la jefa de la misión europea en vísperas de la visita para controlar los fondos

En su carta de respuesta, Hohlmeier se queja no solo de que Calviño haya aireado su correspondencia, sino también de que no ha podido programar una entrevista con la exresponsable de la gestión de los fondos de recuperación, Rocío Frutos Ibor, que precisamente había dimitido el pasado otoño en desacuerdo con la gestión del propio Gobierno, y de que cree que la vicepresidenta está intentando condicionar el resultado de la visita de los europarlamentarios. Algunos miembros de la misión de inspección que vendrán a Madrid también han mostrado en privado su disgusto por el hecho de que la ministra de Industria, Reyes Maroto, que se considera una de las personas directamente implicadas en la gestión de los fondos, ha rechazado la petición de comparecer ante los eurodiputados.

Tanto la carta de Nadia Calviño y María Jesús Montero a Monika Hohlmeier como la respuesta de esta última demuestran un tono de enorme preocupación por el desarrollo de la visita a Madrid de miembros de la comisión de control presupuestario. Hohlmeier le dice a la responsable económica del Gobierno que le parece «sorprendente» que la carta que le envió fuera compartida con la prensa «antes de que yo misma y los demás miembros de la comisión tuviéramos tiempo de analizar adecuadamente su contenido», y con un tono aparentemente conciliador le explica que el objetivo de esta visita es «evaluar la implementación del Programa Nacional de Recuperación y Resiliencia de España, incluidos los hitos y objetivos y, en particular, la gestión, auditoría y sistemas de control que se han puesto en marcha». Y en tono algo sarcástico le dice a la vicepresidenta que «estoy segura de que no tenía intención de anticipar las conclusiones de la misión antes de que haya comenzado».

La eurodiputada alemana se queja en concreto de que no ha podido fijar una entrevista con la exresponsable de la gestión del plan de recuperación y le dice que «agradecería mucho su apoyo para facilitar esta entrevista». La delegación parlamentaria puso desde el primer momento su interés en reunirse con la que era la responsable de los fondos en el periodo que se analizará en esta visita y que es el dinero recibido en 2021.

Calviño le había explicado en su carta que el Gobierno ha aplicado sistemáticamente «el diálogo y la cogobernanza» con las comunidades autónomas, lo que Hohlmeier interpreta como un intento de «transferir la responsabilidad» a las autoridades regionales, por lo que insiste en que en la misión parlamentaria también «estamos deseando escuchar las opiniones de las regiones españolas sobre el proceso consultivo que usted describe, sobre la forma en que han sido involucrados en el establecimiento del plan nacional de recuperación y sobre cómo la responsabilidad de la implementación del plan es compartida entre el nivel regional y el nacional». Es más, la vicepresidenta llega a decir en su carta que el Gobierno central trabajó intensamente en 2021 y 2022 «para establecer una arquitectura eficiente para la implementación del plan» y que «gracias a ese esfuerzo sin precedentes, el foco está ahora principalmente en manos de los gobiernos regionales».

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Calviño sostiene que hasta ahora el Gobierno ha transferido «alrededor de 20.600 millones de euros a las comunidades y ciudades autónomas», que sería más de la mitad de lo que ha recibido hasta ahora. Según el programa provisional, los eurodiputados tiene previsto reunirse con responsables económicos de cinco comunidades: Madrid, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y Andalucía.

Resulta sorprendente que Calviño haya hecho mención en su carta hasta de los datos de crecimiento de la economía española en estos últimos años, sin reparar que en realidad de lo que se ocupa la misión es exclusivamente de determinar si se han usado bien los fondos europeos de recuperación en el año 2021, dado que España es el único país que los recibió en ese periodo presupuestario.

Además, la legitimidad del control de la comisión parlamentaria se dirige específicamente a la Comisión Europea, que es la institución que ha entregado el dinero a España. La comisión de control presupuestario tiene que dar su visto bueno al cierre del presupuesto europeo de 2021 y para ello necesita saber si se han utilizado correctamente los fondos cuyo destino era el Gobierno español. Eso explicaría la feroz defensa que está haciendo el Ejecutivo comunitario de la gestión que ha realizado el Gobierno español, porque de determinarse que han existido irregularidades, la responsabilidad legal recaería sobre la propia Comisión que preside Ursula von der Leyen. Si la comisión de control concluye que hay irregularidades en el uso de los fondos europeos en España, ello impediría la descarga del presupuesto europeo, lo que constituye prácticamente una moción de censura contra la Comisión Europea.